Comunicación corporativa: el lobbismo como herramienta del comunicador corporativo

Lennys Tejada Betancourt
En el último año, los extranjerismos lobby, lobbismo y lobbistas, se han convertido en términos recurrentes en la prensa nacional. Estas palabras, provenientes del idioma inglés, no forman parte del lenguaje estándar de los periodistas en la República Dominicana, sin embargo, el caso Odebrecht, junto a los nombres Joao Santana y Ángel Rondón, han traído estos conceptos a la palestra pública.
Las noticias que han aparecido en los medios de comunicación han creado una imagen negativa de dichos conceptos. Sin embargo, dentro de la comunicación corporativa se considera que los relacionistas públicos y directores de comunicación deben poseer altas habilidades para desarrollar acciones de lobby. Esto, porque a pesar de las malas prácticas en que han incurrido algunos lobbistas, el lobbismo se refiere a la labor de persuadir e influenciar a otras personas para que realicen acciones a favor de los intereses de las empresas u organizaciones que representamos.

Es así que el lobbismo se reconoce como una herramienta de influencia que sirve para persuadir y, a veces presionar, a favor de una causa.

El lobbismo es una actividad muy bien remunerada y, en países como los Estados Unidos y la Unión Europea está estrictamente reglamentada, emitiendo, incluso, licencias para ejercer el lobbismo, las cuales se cancelan cuando se incurre en malas prácticas como el soborno que deriva en corrupción. En esas naciones todo lobbista debe registrarse y entregar un informe de sus temas de agenda y los funcionarios con los que se reúne. Nuestro país sigue sin un registro de lobbista, no hay obligación de informar, ni existen órganos de monitoreo y control de este ejercicio.
Ojalá que el lobbismo en República Dominicana se ejecute con apego a la ética, tal y como lo hacen algunos líderes laicos, que se encuentran actualmente desarrollando lo que se conoce como lobbismo étnico-religioso, y están utilizando sus influencias y mecanismos de presión para convencer al Congreso de que no despenalice una práctica contraria a las creencias cristianas.